Tres funcionarios que declararon como testigos declararon ayer como investigados por el caso de los «enchufes» del PSOE

Palacio-de-Justicia-de-Benidorm-JuzgadosEl caso de los 43 enchufes del PSOE en Benidorm obliga a declarar a cuatro funcionarios investigados 

ALICANTEActualizado:

El caso judicial abierto para esclarecer si el PSOE enchufó presuntamente a 43 personas en el Ayuntamiento de Benidorm -con empleos o con complementos salariales- ha obligado este viernes a declarar en calidad de investigados a cuatro funcionarios municipales.

Se trata de Julio Fernández Lleras, jefe de Negociado de Nóminas,José Asensio Salamero, jefe de Contratación y Gestión de la Seguridad Social, María Matilde Martínez Pérez, jefa de Negociado de Gestión de Personal, y Dolores Cantó, técnica de Relaciones Laborales.

Los tres primeros han declarado que no habían asumido responsabilidades especiales ni distintas de las habituales en sus puestos hasta entonces, cuando se produjeron las contrataciones y las subidas salariales objeto de la investigación judicial, entre los años 2010 y 2012. No obstante, tal como reflejan las denominaciones de sus puestos de trabajo, sí se habían beneficiado de las subidas de categoría, aunque alguno de ellos también ha justificado su incremento de retribuciones por las horas extraordinarias.

Con esta posición del personal funcionario, las decisiones de favorecer presuntamente a personas relacionadas con el PSPV-PSOE quedarían como una iniciativa de los políticos del equipo de gobierno del entonces alcalde Agustín Navarro.

Conocidos de UGT

Este viernes, también se ha preguntado a los técnicos por su relación con Daniel Caneiro, investigado en la causa y, si bien inicialmente habían negado conocerlo, finalmente Fernández y Asensio han admitido que son afiliados al sindicato UGT igual que él.

En esta investigación asumida por la Fiscalía de Benidorm a raíz de una denuncia presentada por el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), están siendo investigados también por un posible delito de prevaricación administrativa los exconcejales socialistas Natalia Guijarro y Juan Ramón Martínez, la exjefa de Personal Carmen Navarro y el exalcalde, Agustín Navarro, actualmente diputado provincial



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