Piden que se ejecute una sentencia por delito de acoso laboral de una Concejala del PSOE a una representante sindical

El SPPLB pide que se ejecute sentencia por delito de acoso laboral de una Concejala del PSOE a una representante sindical de su formación sindical.

El SPPLB insta al Ayto de Benidorm a que ejecute la sentencia por la que la ex concejala del grupo municipal del PSOE María Isabel Martínez fuera condenada por un delito de acoso laboral a una funcionaria, coordinadora de Bienestar Social.

El juzgado de lo Penal número 2 de Benidorm condenó en 2016 a doce meses de prisión y al pago de una indemnización de 35.610 euros más intereses legales a la ex concejal socialista por un delito contra la integridad moral.

Según el portavoz del sindicato, Francisco Ángel González, el Ayto era responsable civil subsidiario y no es normal que una sentencia por acoso laboral, por atentar contra la integridad moral de una trabajadora que, además es el único caso que se ha dado por desgracia en el Ayuntamiento de Benidorm y, siendo firme desde el 14 de Noviembre del 2016, no se haya cumplido y ningún político de la corporación municipal se haya preocupado de que la trabajadora sea indemnizada y que la sentencia se ejecute.
unnamed18.jpgEl sindicato SPPLB ha presentado un escrito solicitando que el Ayto de Benidorm abone los 35.610 de forma inmediata a la funcionaria acosada y que posteriormente éste pida a la ex concejala María Isabel Martínez que devuelva ese dinero a las arcas Municipales, es decir, al pueblo de Benidorm aunque solo sea por dignidad política y respeto a todos los ciudadanos que día a día contribuyen con sus impuestos a que la ciudad funcione.

ANTECEDENTES DE HECHO
Se considera probado que la entonces concejal tomó decisiones que afectaron a la empleada municipal “y que abarcaban desde reducir o anular injustificadamente la capacidad decisoria que le competía hasta ser apartada de la dirección y coordinación de los centros sociales”.

Casos de enchufaos

Francisco Ángel González, secretario general del sindicato, ha recordado que su compañera “sufrió lesiones, necesitó asistencia facultativa y estuvo impedida durante un año para desempeñar sus funciones” y ha enfatizado que «es un caso de acoso laboral a una trabajadora que condenamos enérgicamente”.

Aquel episodio “supuso una enorme pesadilla para nuestra compañera y una actuación impropia de un gobierno democrático con el único objetivo de apartarla de su puesto”, ha añadido. A su entender, la única finalidad que perseguía la concejal era “apártala porque molestaba y suponía un obstáculo para sus pretensiones”.

En alusión a lo últimos acontecimientos.

Para terminar Francisco Ángel González ha lamentado que ciertos partidos políticos “tengan que recurrir constantemente a maniobras de acoso y derribo y persecución contra mi persona y el Sindicato Profesional al que represento y todo lo que le rodea, por haber denunciado ante la Fiscalía Provincial las contrataciones irregulares», en alusión a que ejercen la acusación particular, “ahora mas férrea-mente, si cabe, en la investigación judicial de los supuestos casos de enchufaos” 



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